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28 de octubre de 2021

La justicia española endureció este viernes su amenaza de sanciones contra una larga lista de responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del referendo de independencia del 1 de octubre.

La advertencia fue lanzada la noche del jueves al viernes por el Tribunal Constitucional. Éste admitió a trámite cuatro recursos presentados por el gobierno español contra la consulta, que de esta forma queda suspendida cautelarmente, informó AFP.

Uno de los recursos apuntaba a un decreto del gobierno regional catalán, en manos de los independentistas, que detalla la organización del referendo: censo, campaña electoral, reparto del tiempo de palabra en medios de comunicación públicos, urnas…

En el documento de admisión a trámite, el Constitucional advierte a mas de un millar de altos funcionarios catalanes que en virtud de la suspensión deben a partir de ahora abstenerse de promover, «en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum».

En la lista aparece con nombre y apellido la integralidad del gobierno catalán, empezando por su presidente, Carles Puigdemont.

También figuran los directores generales de la televisión y la radio públicas de Cataluña, altos cargos de educación y salud, la directora de la agencia de protección de datos o el comisario jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, muy visible en la investigación de los atentados yihadistas que el mes pasado dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils.

Igualmente se llama la atención a «los alcaldes de todos los municipios de Cataluña», 948 en total, que tendrán un papel clave a la hora de decidir si el domingo 1 de octubre abren sus locales para permitir la votación. A todos ellos se les insta a acatar la suspensión cautelar de la consulta, avisándoles «de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

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