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28 de octubre de 2021

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron mantener el 20 de junio próximo como fecha límite de desarme total de los más de 6.800 guerrilleros que integran el grupo, que había advertido la posibilidad de suspender la entrega de armas por el arresto de uno de sus miembros.

Desde una de las 26 zonas de concentración de las FARC ubicada en área rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander (noreste), el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el máximo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, anunciaron que «darán cumplimiento a los compromisos asumidos», precisó DPA.

«Termina reunión de Gobierno y FARC para asegurar cumplimiento de compromisos asumidos en los próximos días», escribió la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) el lunes en Twitter.

Asimismo, el OACP compartió una imagen en la que además de Jaramillo y Londoño, se ve al ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los guerrilleros Luciano Marín y Félix Muñoz, conocidos con los alias de «Iván Márquez» y «Pastor Alape», respectivamente.

Por su parte, el alto comisionado explicó en un video que «uno de los temas más importantes» planteados en la reunión es la forma cómo los campamentos construidos en las zonas de concentración se convertirán tras el desarme en «espacios de capacitación para las FARC y las comunidades aledañas».

El encuentro de los representantes del Gobierno y la guerrilla se dio horas después de que el Ejecutivo confirmara la libertad a alias «Yimmi Ríos», quien fue detenido el fin de semana por una confusión de identidades.

Las órdenes de captura contra los miembros de las FARC fueron levantadas por la Justicia en el marco de las negociaciones entre ese grupo y el Gobierno, que en noviembre de 2016 derivó en la firma de un acuerdo de paz.

En el caso particular de «Ríos», la orden de captura fue levantada en referencia a su alias, pero su nombre de pila se mantenía en la lista de las personas buscadas en el país.

Londoño, conocido durante su vida guerrillera como «Timochenko» o «Timoleón Jiménez», dijo que el Gobierno autorizó la creación de una comisión que se encargará de hacer un listado con los nombres verdaderos y alias de los miembros del grupo, a fin de evitar futuros inconvenientes.

«Hay mucho enredo en las listas, entonces yo me comprometí con el presidente (Juan Manuel) Santos a encargarme de esa tarea, siempre y cuando me autorizara crear una comisión bajo mi mando para trabajar en esas listas y solucionar los enredos, y el presidente aceptó», dijo Londoño a la cadena de radio RCN.

«En este momento la Policía me puede pedir documentos y me puede decir que la orden de captura para alias ‘Timochenko’ está levantada, pero para mi nombre real, Rodrigo Londoño, no lo está. Entonces me puede arrestar», agregó el comandante de las FARC.

Londoño había advertido este domingo que las FARC consideraban suspender la entrega de armas a las Naciones Unidas si «Ríos» permanecía arrestado por largo tiempo, aunque el Gobierno respondió de inmediato que todo obedeció a una confusión y a un «asunto burocrático» que sería solucionado.

El Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana y determinaron que la entrega de armas debía finalizar el pasado 30 de mayo, pero prorrogaron el plazo para el 20 de junio.

Incautan más de 100 millones de dólares en bienes de FARC

Por otra parte, la Fiscalía de Colombia ha incautado en lo corrido del año 300.000 millones de pesos (unos 103 millones de dólares) en bienes de la guerrilla FARC, que implementa un acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado, informó este lunes la entidad.

«En apenas estos primeros meses del año ya hemos logrado incautación de bienes por un valor de 300.000 millones de pesos y estamos avanzando en varios procesos de extinción de dominios cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas», dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa, citó AFP.

Martínez indicó además que desde agosto pasado el ente acusador ha afectado 3.389 bienes de las FARC que están siendo objeto de extinción de dominio.

«Dentro de este patrimonio ilícito hay miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, empresas, establecimientos comerciales, cooperativas, dinero en efectivo, automotores», agregó.

Desde el nacimiento de las FARC, en mayo de 1964 tras una sublevación campesina, las autoridades han iniciado proceso de extinción de dominio a posesiones de la guerrilla avaluadas en 1,1 billones de pesos (unos 379 millones de dólares), afirmó.

Estos bienes de las FARC, principal y más antigua guerrilla del continente, provienen del «secuestro, del narcotráfico, de la extorsión», explicó Martínez.

En el pacto se establece que los insurgentes repararán con sus bienes a las miles de víctimas que dejaron durante sus 53 años de lucha armada. Además, deberán presentar un inventario al Estado con sus posesiones.

«El destino de estos bienes primordialmente (va a ser) para la reparación material de las víctimas del conflicto y también puede ser utilizado en programas que determina el gobierno», dijo este lunes Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto, a periodistas.

La conflagración interna colombiana ha enfrentado durante más de medio siglo a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados.

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