¡Se llevan todo! Denuncian a la OLP por robar más que los ladrones

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abril 14
/ 2016

La Operación Liberación del Pueblo dejó en la calle a 110 familias de La Ensenada de la carretera panamericana. En fecha patria, el 24 de julio de 2015, la Guardia Nacional (GN)y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desalojaron a adultos, niños y personas con discapacidad sin contemplación. “Nos llamaron paramilitares y delincuentes”.

Carlos González recuerda esos días como los peores de su vida. Un militar llegó a su casa con la amenaza de tumbar las paredes con él adentro. “Mi esposa e hijas –de nueve y dos años- no paraban de llorar. Ante eso no vi otra opción que sacar algunas cosas, dejé todo lo que levantamos por años”, relata.

Tiene 29 años y su esposa 28. Calcula que perdió 500 millones de bolívares. “Contábamos con hectárea y media de terreno para la siembra”. La Ensenada fue beneficiada con la misión AgroVenezuela. “Teníamos cosechas de aguacate, mandarina y limón”. A González le duele que su abuelo Lorenzo de 84 años y su padre Carlos de 53 años hayan seis hectáreas y décadas esfuerzo. “Ellos sí se dedicaban a tiempo completo a la tierra, y ese día debieron soltar a sus animales, no había manera de llevarlos con nosotros”. Criaban pavos, gallinas, conejos y patos.

Se dedica a la administración comercial como su mamá, no es “campesino” como los demás varones de su familia, pero su vida siempre giró en torno a la agricultura, igual que sus vecinos.

Preso por tener bicarbonato

Carlos cuenta que Edgar Yépez estuvo 47 días preso por la tenencia de 80 gramos de bicarbonato. “La Guardia dijo que esa sustancia sirve para procesar droga, por eso se lo llevaron”.

Yépez utilizaba el bicarbonato para la siembra. “No le encontraron nada y lo soltaron”, dijo González. Ese agricultor se tuvo que ir a Guárico porque en Caracas no encontró empleo. “Él vendía sus cosas en el mercado de Coche. Regresó a la zona después del desalojo y lo metieron preso. Solo fue a buscar la cosecha. La Guardia se molestó y por eso le inventaron lo del bicarbonato”, agregó.

Irene González también es integrante del Comité de Víctima de la OLP de La Ensenada. Ella cuenta que su vecina Emily González fue acusada de sembrar 14 matas de mariguana. Al igual que Yépez, la liberaron tras 47 días de cárcel. ¿Cuál fue el delito? Regresar a su casa a buscar los documentos de identificación de sus hijos.

“Está comprobado que en ese sector no había delincuentes. A mí nunca me robaron. La Ensenada nunca salió en televisión por problemas con malandros”, afirma la fuente, en exclusiva a El Cooperante.

Gobierno ladrón

Pero paradójicamente, cuando llegó “la autoridad”, fueron víctimas del hampa. Entre los días 24 y 25 de julio los camiones de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor trasladaron sus enseres al “refugio solidario” La Yaguara. Solo podían albergar los muebles, no a las personas. “Quedamos en la calles y para colmo nos roban”. Irene González recordó que días atrás protestaron para que les devuelvan sus pertenencias.

Hace una semana hablaron con el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien en CNN en Español aseguró que se había reunido con los afectados en cinco oportunidades. “Eso es mentira, lo vimos fue hace unos días. Desde agosto (2015) hemos pasado comunicaciones, y nada. Nos atendió su asistente, Aramita Padrino, pero no lográbamos que él nos atendiera hasta ahora”, aseguró la damnificada.

Las víctimas exigen indemnización por la destrucción y robo de bienes. Los desalojados alegan que cuentan con títulos supletorios de los terrenos. Carlos levantó una casa de dos plantas. El piso estaba nuevo, los baños remodelados, acababa de comprar una litera y un televisor de 42 pulgadas. Nada de eso sobrevivió.

El Comité de Víctimas de la OLP de La Ensenada apunta que la dirección del hipódromo La Rinconada, ente propietario de esos terrenos ubicados en los kilómetros 4, 5 y 6 de la carretera Panamericana estaban al tanto de la producción agropecuaria del sector. “Ellos nunca reclamaron”, afincó Irene.

Carlos estima que el desalojo respondió a órdenes gubernamentales ante el “temor” de acciones delictivas que perjudicaran a los Altos Mirandinos.

EC