¿Quién es “el Topo” y su banda en las minas del sur de Bolívar?

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marzo 06
/ 2016

Hendry Norberto Bonalde conocido como el Topo era el tercer hombre más buscado en el estado Bolívar hasta mayo de 2015 cuando funcionarios de la Policía del estado Bolívar (PEB) informaron de su captura. De acuerdo con un parte de prensa del cuerpo regional, Bonalde fue detenido en mayo de 2015 junto a Brayam Manuel Rivas Mosqueta, alias Brayam, y Franyer Ramon Rivero Duarte, el Coco, en la Plaza La Cuka, de El Dorado en el municipio Sifontes del estado Bolívar.

Los integrantes de la banda, oriunda del sector Los Próceres en Ciudad Bolívar, migraron -como otros grupos hamponiles de la ciudad– hace unos seis años al sur del estado para el control de los yacimientos. Desde entonces, los enfrentamientos entre bandas armadas son frecuentes.

Los familiares de al menos 28 desaparecidos en la mina Atenas, del municipio Sifontes, responsabilizan a esta banda de haber actuado con funcionarios de Gobierno, específicamente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el desplazamiento de los mineros que para la noche del viernes estaban trabajando en el lugar.

“Cero tregua”

En una reseña publicada en la página web de la Gobernación del estado Bolívar, el entonces director de la Policía del estado Bolívar, general Juvenal Villega Torrealba, manifestaba que con el arresto se cumplía “a cabalidad las instrucciones emanadas por el primer mandatario regional, Francisco Rangel Gómez, de no dar tregua a la delincuencia para garantizar al pueblo de Bolívar seguridad y confianza”.
Según el parte de la PEB, la banda de el Topo presenta cuatro solicitudes: tres por robo de vehículo y una por lesiones.

Además dos registros policiales; uno por el homicidio de un ex policía de la PEB, el 11 de julio de 2013 según expediente K-130368 00632 y; el segundo por aprovechamiento ilícito de cosas provenientes del delito del 6 de noviembre de 2010, según expediente I-504550.

El entonces general Gilberto Velasco, secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, declaró “que el intento por enconcharse en las minas fue frustrado por la agilidad y pericia de los funcionarios adscritos a la División de Inteligencia y Estrategia de la Policía de Bolívar, quienes tras varios meses de investigación e intensa búsqueda, lograron consolidar la captura”.

Los hombres fueron apresados porque al hacerles el hecho de rigor se le encontraron ocho porciones de presunta cocaína y a el Brayam se le hallaron siete, que suman un total de 15 envoltorios, informó el jefe de la Diepeb, comisionado jefe Reis Freites, quien estuvo al frente de la operación.

Sin embargo, en una nota del diario El Expreso del 5 de noviembre de 2015, da cuenta que el cadáver de un hombre con las mismas características de el Topo habría ingresado a la morgue del hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar. Esa versión no hay sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La migración de las bandas al sur

El control de las minas por parte de delincuentes comenzó con mayor fuerza a partir de 2009.
Después del control de las empresas básicas y vinculación con bandas de Ciudad Guayana, el territorio fue repartido después de enfrentamientos por el control de los yacimientos.

En El Callao mandaba el Chingo; en Guasipati el difunto Gordo Bayón; y en Tumeremo el Topo; en El Dorado el Negro Fabio y hacia el kilómetro 88 la gente de el Juancho y el Morocho. Tras el asesinato del Gordo Bayón, su territorio habría sido controlado por la misma gente de el Juancho y el Morocho.

Mea culpa

En 2014 el Gobierno reconoció el problema y creó la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Mineral Lícita en la Región de Guayana, el quinto plan ensayado por el Ejecutivo para reordenar la actividad al sur del país.

A esa reunión en junio de 2014 asistió el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, la entonces gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández; los alcaldes de los municipios del Sur, Manuel de Jesús Valles, José Alejandro Martínez y Carlos Chancellor; el burgomaestre de Caroní, José Ramón López y el jefe de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) N° 6 Guayana, mayor general del Ejército Pedro Alfonzo González Salmerón, entre otros integrantes de la comisión.

En declaraciones, la entonces ministra de la Región de Desarrollo de Guayana (REDI-Guayana), Nicia Maldonado, atribuyó el fracaso de los otros planes a la falta de perseverancia de quienes estaban a cargo.
El compromiso, a partir de esa reunión, era crear un registro y discutir ideas para reorganizar a los mineros.

Ante la pregunta sobre las acciones para evitar más masacres en las minas, Maldonado expuso que “las autoridades competentes están haciendo las tareas que tienen que hacer para aclarar esa situación y buscar a los responsables (…) Esas masacres vienen porque no se han tomado algunas previsiones de quiénes son estas personas, de dónde vienen… y bueno aquí va a estar el gobierno revolucionario, ahora con el registro único de quiénes van a estar trabajando la actividad minera”.

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, se rehusó a hablar sobre el entonces reciente asesinato del Gordo Bayón en las adyacencias de Miraflores, aun cuando tenía prohibición de salida del estado Bolívar.

Mineros vinculan al gobernador con el control de las minas, pero Rangel Gómez manifestó que no tenía “nada qué decir, nada qué opinar (…) ya los medios han escrito cualquier cosa sobre ese tema, yo no entiendo qué tiene que ver con lo que estamos tratando”.

Sin ley

Meses antes, en enero de 2014, y ante una matanza similar, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, conminó a todas las dependencias a trabajar mancomunadamente para el control de grupos armados.

La orden la dio desde el estado Bolívar, acompañado de Rangel Gómez y luego del escándalo de los supuestos vínculos del Gordo Bayón con el burgomaestre.

“Estas bandas armadas están haciendo lo que les da la gana en territorio del estado Bolívar, valiéndose del uso de un color determinando, y de armas largas amedrentando y extorsionando, ya no a los empresarios, sino a los trabajadores que laboran en una obra”.

“Hay grupos de personas que se hacen llamar sindicatos, pero que en realidad son bandas armadas que se dedican a la extorsión, tanto en la construcción como en otras actividades económicas del estado Bolívar”, dijo.

CDC