¿Qué hay detrás de la Ley de Propiedad para la Misión Vivienda?

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enero 29
/ 2016

Aunque es la gran bandera del Gobierno, existen urbanismos de la Misión Vivienda donde sus residentes no tienen ni siquiera un certificado de adjudicación. Actualmente, la venta queda entre en el beneficiario de la Misión Vivienda y el Gobierno a través de la Inmobiliaria Nacional

El problema de las viviendas otorgadas por el Estado en Venezuela no solo pasa por la gran demanda, la oferta hasta ahora no satisfecha (en diciembre, Maduro no perdió el bigote de chiripa porque, según las cuentas oficiales, pudo entregar la vivienda un millón) aunado a que los altos precios en el sector privado hacen impagable para muchos una casa digna.

Los problemas de las viviendas en Venezuela ahora también tienen que ver con el título, el tan ansiado papel que dice que se es propietario de una casa y un terreno.

Recientemente el diputado Julio Borges, introdujo un proyecto de Ley de Entrega de Titularidad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y afines.

El objetivo primario de este proyecto de ley es la entrega de verdaderos títulos de propiedad a los beneficiarios de esta misión, y también se prevé beneficiar a personas que hayan recibido vivienda del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, Fondur o cualquier otra construcción de interés social.

¿Cómo se explica esta entrega de los títulos de propiedad si ya la Misión Vivienda lo tiene previsto en su marco legal?

El diputado Borges explicó que la propiedad familiar o multifamiliar (contemplada dentro de la Ley de Régimen de Propiedad de Viviendas de la GMVV) es una propiedad que no existe constitucionalmente. “La propiedad no puede tener apellido, al final disfrazan una cosa que se llama propiedad familiar, que es algo absolutamente débil porque quien queda con el poder último sobre la vivienda es el Gobierno, y en la práctica no se lo dan a nadie”, sentenció Borges, quien además expresó que el gran cambio que propone es que todo el mundo tenga su propiedad registrada y propiedad exigible frente a terceros, eso no lo da el Gobierno.

Ante las críticas de sus colegas parlamentarios cuando se explicó el proyecto de ley por primera vez, Borges se defiende diciendo que existen en este caso varias preguntas simples: ¿Por qué Maduro critica tan virulentamente nuestra ley si ya existe una ley de ellos? ¿Por qué dice que no va a permitir que le demos propiedad a la gente si ellos ya lo hacen? ¿Por qué la respuesta cuando presentamos la ley en la AN para introducirla en cuenta fue la de supuestamente otorgar unos títulos de propiedad en Monagas al día siguiente si ellos están en contra de eso?, ¿por qué esos títulos no se registran de una forma legal, valedera y jurídica?

Borges aduce que al final esos títulos son una gran fachada, que le recuerda a la gente que existió una discusión en 2007 que el país rechazó sobre ese tema. “Ahí había propiedad comunitaria, familiar, colectiva, el país dijo que no a eso. Entonces ellos ahorita han querido traer la GMVV y no instituir una propiedad única que es la que nosotros conocemos, sino una propiedad deformada, chucuta, en la que termina teniendo una enorme tutela el Gobierno”, manifiesta el diputado.

Otro de los aspectos es el político y eso lo sabe Borges, pues habla de un control a las personas cuando se les entrega un llavero con la cara del fallecido presidente Hugo Chávez, se le pintan los ojos de Chávez a los urbanismos, y el mismo presidente Maduro cuestiona la meta a construir de este año porque muchos beneficiados de GMVV no votaron por él en diciembre. “Para mí es muy claro que les duele que nuestra ley le da derecho pleno y poder a la gente”.

Misión Vivienda en marcha

Para comprender los cuestionamientos de Borges hay que entender los conceptos de propiedad multifamiliar y familiar, que son las que dictan la entrega de los títulos de propiedad a los beneficiarios de la GMVV.

El artículo 9 de la Ley de Régimen de Propiedad de la GMVV dice que la Propiedad Familiar “es el derecho sobre la vivienda destinada única y exclusivamente al uso, goce, disfrute y disposición por parte de la unidad familiar en los términos, condiciones y limitaciones establecidas”.

Por propiedad multifamiliar se entiende como el derecho sobre el terreno, inmuebles y las áreas de uso y disfrute común de todos los miembros de las unidades familiares. Estas dos propiedades están o estarán comprendidas dentro de cualquier enajenación de los derechos que conforman la propiedad familiar.

Este último concepto de propiedad multifamiliar es muy parecido a lo que esgrimía la antigua ley de Propiedad Horizontal, que proveía a cada propietario de una vivienda dentro de un urbanismo, varios derechos y deberes sobre el terreno y las áreas comunes. Verdad detrás de paredes
No en todos los casos el proceso se cumple como lo establece la norma. Una joven trabajadora beneficiada de la GMVV le explicó a TalCual que no posee el certificado de adjudicación y por tanto no puede mudarse para no perder el beneficio y tampoco puede disponer legalmente del techo que posee desde hace cuatro años.

Esta joven, que pidió no revelar su identidad por temor a perder su casa y que identificaremos como Z, indicó que en 2012 le fue entregado un apartamento el urbanismo Juan Vive, ubicado cerca del Cardiológico Infantil en Montalbán, Caracas. Su vivienda, ubicada en un urbanismo privado en Terrazas de la Vega cedió y fue declarado inhabitable.

Z relató que un grupo de vecinos obtuvo la ayuda del Ministerio de Vivienda y los ubicaron en estos edificios. “La GMVV no nos dio ningún papel, ni siquiera una servilleta que diga que ese apartamento me fue adjudicado. Incluso hoy nosotros pagamos nuestros servicios, que están a nuestro nombre, porque luego de un año de gracia, nos mandaron varios operativos (de las empresas que operan luz, gas y teléfono) donde estaban al tanto de nuestra situación”.

Z afirmó que todos los vecinos, hasta los chavistas más acérrimos, están dispuestos a pagar la totalidad de la vivienda para obtener el título y tener la certeza de una propiedad a su entera disposición. “Nosotros tenemos aspiraciones y el vecino que se quiera mudar no lo puede hacer, porque tendrías que disponer de la venta de este inmueble para pagar otro. Nosotros queremos propiedad”.

El caso de Z y sus vecinos dentro de Juan Vive está siendo estudiado por la GMVV, pues los apartamentos que fueron desalojados en Terrazas de la Vega ya estaban en proceso de pago de Ley de Política Habitacional en el Banco de Venezuela. Z explica que “no se tiene claro si nos eximirán el pago del otro apartamento para iniciar el pago del nuevo, o los montos se ajustarán a esta nueva construcción y se seguirán pagando aquí. No sabemos nada”.

En Carabobo también existe el caso del urbanismo Ciudad Chávez, donde la mayoría de sus habitantes a pesar de tener el certificado de adjudicación, no tienen claros los métodos de pago pues no se ha resuelto la propiedad multifamiliar y solo abonaron 20 mil bolívares como inicial.

Inmobiliaria omnipotente

Uno de los principales actores luego de que está culminado el inmueble de la GMVV es la Inmobiliaria Nacional S.A. Este ente es, de acuerdo a la ley, el encargado de firmar los contratos de compra-venta junto a la unidad familiar y su representante, un apoderado del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y del banco que otorga el financiamiento.

Para el registro de la Propiedad Familiar, el artículo 20 de la Ley de Régimen de Propiedad de Viviendas de la GMVV dice: “El documento de propiedad familiar de las viviendas será protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente para que surta plenos efectos jurídicos frente al Estado y Terceros”. Otra de las propiedades de la ley es que exime a los beneficiados del pago de tasas, impuestos o contribuciones especiales para estos trámites.

Luego de tener el título de la propiedad familiar, la vivienda es suya y puede disponer de ella solo que a la hora de la venta (uno de los principales reclamos de Borges), se debe notificar a la Inmobiliaria Nacional sobre el proceso y sus causas.

Será entonces la Inmobiliaria Nacional (quien tiene el derecho de preferencia de esa vivienda por 30 años) la que se reserva por 180 días la decisión de adquirir nuevamente la vivienda para entregarla a otro posible beneficiado de la GMVV. La idea es que estas viviendas no pasen al “mercado capitalista” como se llama desde el Gobierno al mercado inmobiliario privado.

También la Ley presenta otra opción para los beneficiarios. Si el propietario alega que la venta se debe al crecimiento del núcleo familiar o la lejanía que supone con el sitio de trabajo (a fin de cuentas el pago se impone en la familia), dependiendo de las opciones se puede proveer otra vivienda con las características solicitadas.

El Fondo Simón Bolívar también forma parte activa del proceso, pues es una instancia de coordinación entre los entes ejecutores del sector público para establecer el programa de financiamiento especial que tendrán los proyectos de infraestructura del país.

Este Fondo vigente desde diciembre de 2010 con los aportes realizados por el Gobierno, banca pública y privada, Fondo de Ahorro Voluntario para la vivienda y el pago de los beneficiarios de la GMVV.

Construye con Banco Obrero

El presidente Maduro y todo el oficialismo denigran de la tan llamada IV República, período democrático del país en el cual se realizaron importantes inversiones sociales.Una de las construcciones de interés social más conocida en Venezuela, son los edificios construidos por el Banco Obrero.

Caricuao y sus distintas UD son el más vivo ejemplo de estas construcciones. Los padres de Teresa Rincones todavía viven en la UD-3, en un apartamento con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, lavadero y baño.
Para obtener un apartamento por el Banco Obrero, Rincones explica que su abuelo empezó las negociaciones en 1970 con un plazo de pago por 20 años en los cuales no tenía el título de propiedad a su entera disposición pues estaba hipotecado como garantía de pago.

“En esos casos, al recibir el apartamento te entregaban un título formal de propiedad con esa condicionante, luego de haber pagado el monto completo, se iba al Registro con todos los recaudos para liberar la hipoteca”, detalló Rincones.

La espera de los plazos de pago tampoco era necesaria para obtener el título. Rincones manifestó que de poseer el dinero completo, el apartamento y el título de propiedad se liberara antes por lo que permitía posibles opciones de venta más rápida. En todo caso, la potestad de venta quedaba en manos del propietario y no del Banco Obrero.

El papel bendito

La titularidad lo es todo para el ciudadano y es lo que permitió en su momento pasar del Estado Feudal al Estado Moderno. Para el diputado Borges, el Gobierno no fomenta la consecución de la titularidad de forma inmediata luego de la construcción y aun teniéndolo (el título) esa propiedad no existe, es decir, es un apellido que le pusieron a un “enteleque” que no existe pues no se contempla la propiedad familiar.

Uno de sus principales detractores de la propuesta de Borges es Ricardo Molina, hoy diputado del chavismo y doliente directo, pues ocupó el Ministerio de Vivienda. El legislador oficialista aseguró a TalCual que los títulos sí pueden pedirse de forma inmediata siguiendo los pasos que dicta la ley y no como lo quiere hacer ver la “derecha venezolana”.

Esa propuesta es demagógica y manipuladora además de inexistente, dijo Molina. “Ahora él (Borges) pretende capitalizar los logros de la revolución con una oferta engañosa. Propone una ley para dar propiedad de las viviendas a las familias pero refleja una profunda ignorancia sobre el tema”, sentenció Molina.

Sostiene que uno de los principales elementos de esta nueva ley es que no se va a exigir una contraprestación monetaria por otorgar el título de propiedad y tampoco se exigirá un pago nuevo de la vivienda en bolívares y mucho menos en dólares para entregar esa titularidad, y de existir un previo pago o un convenio de pago existente, se respetarán todas esas disposiciones

El parlamentario es enfático. “Se plantea la protección de la vivienda principal y no se plantea el embargo. Esa ley (la de la GMVV) no le da el título de propiedad a la gente, es una propiedad que no es propiedad”. Borges presume que, tras aprobar su proyecto legislativo, la normativa existente quedaría derogada.

“Yo creo que esa ley quedaría derogada porque se está dando una plenitud que la ley actual no da, afirmó Borges, quien además subrayó que se está dando un derecho profundo, completo, cabal e histórico, pues esta ley incluso lo que hace es disfrazar o no se cumple porque no se le dan a nadie sus títulos ni siquiera de forma inmediata.

TC