Preso en Venezuela por descargar porno (+Detalles)

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febrero 15
/ 2016

La justicia venezolana emprende una nueva cruzada: detener a quienes sucumben a los placeres de la pornografía. Los detenidos no roban celulares ni secuestran, más bien gustan de bajar películas calientes ilegales. Sus excesos son penados por la ley. La pena es entre cinco a treinta años de cárcel. ¡Que lance la primera piedra quien esté libre de culpa!

Ares no es cualquier programa para descargar música. Es uno que trae guerras y discordias y, en algunos casos, destrucción moral a los mortales más lujuriosos. Hay quienes, sin embargo, envueltos en inocencia, instalan Ares Galaxy para tener gratis sus canciones favoritas. Otros prefieren darle al botón download para conseguir notas más profundas y placenteras: gemidos de algún extraño. Sentados en la computadora, teclean: “big dick, small girl” “little girl”, “boy fucked”, “twink”, o quizá “twins”. Cualquiera de esas palabras los lleva a ver una escena lúbrica. Favorita. La búsqueda es erótica, íntima y también privada —hasta donde se cree. Pero en la penumbra del Internet, hay quienes rastrean los fetiches más profundos de los usuarios. Lo que se hace en el mundo virtual, se paga en el mundo real.

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El Centro de Crimen Digital de Interpol, Regional de América del sur en Buenos Aires, lleva una investigación en línea denominada “Operación sin Fronteras”. Antes, “Pureza II”. La hazaña internacional busca detectar “material censurable de explotación infantil localizada en plataformas de ficheros como Ares”, según describe un Acta de Investigación Penal. La caza desenmascara a quienes descargan los archivos relacionados con pornografía infantil. Más allá de quienes la graban, producen o comercializan, el foco de esta operación son los mirones, no los que hacen verdaderas fortunas con el negocio. “El contenido se obtiene a través de una red privada, que funciona como ‘par a par’ (p2p), en la cual usuarios pueden descargar y subir datos. Al estar ambas partes en línea se pueden intercambian archivos a través de las ‘carpetas compartidas’”, suscribe la misma acta. Los centros de investigación policial buscan a quienes bajan el contenido relacionado con menores alrededor del mundo y a través de la dirección IP pueden descifrar de qué país proviene. Con un ring avisan al “oficial de enlace” de cada nación y dan la orden de comenzar la encrucijada.

Es simple, un individuo cualquiera se sienta al frente de su computadora. Se desabrocha la camisa o tal vez se quita los zapatos, quien sabe qué más. Abre Ares, escribe en el buscador y descarga cualquier archivo que lo lleva directo a su mejor fantasía. Lo ve, lo disfruta y listo. Regresa a su rutina, con mejor cara, sin gastar una locha por eso. Pero la alarma en Interpol suena, no importa dónde esté, empiezan a buscarlo. A él y a todos los que se bajaron la misma cinta. Sí, Ares, que trabaja como un P2P, hace que lo que fulanito se baja, se descargue de cualquier usuario que tenga el mismo archivo en su pc. Parecen cómplices, aunque lo único que compartan es el apetito sexual.

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En Venezuela, un país donde el famoso “quemaito” triple equis de Roxana Díaz se vendía sin tabú en la autopista, se castiga a quienes descargan pornografía infantil con igual rigor que a quienes la producen y comercializan, todo esto según el expediente VP02-P-2013-027947 con la acusación: “EXHIBICIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES” de la Fiscalía número 33° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. La alianza no busca matar la culebra por la cabeza, más bien le interesa cortar la cola. Esa que, como la cascabel, puede hacer tanto ruido y distraer la verdadera causa: acabar el tráfico y comercialización de menores. Mientras tanto, Antonio Alves, técnico en informática, descodifica: “La gente realmente peligrosa no se encuentra tan fácil, se esconden a través de redes privadas. También engañan con su ubicación, ellos son los profesionales y saben cómo ocultarse”.

La gran función

Según la BBC, el 10 de diciembre de 2015 se realizó el allanamiento de la “Operación sin Fronteras” a nivel mundial. Delegados de Interpol en cada país se pusieron de acuerdo por correo electrónico para dar inicio a “la gran redada”: a la que ninguna nación podía refutar, listos o no allá fueron. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), encargado en Venezuela, realizó una visita domiciliaria a todas esas personas cuya direcciones IP fueron rastreadas desde Buenos Aires por el Centro de Crimen Digital de Interpol Regional. Computadoras, pendrives, teléfonos o cualquier dispositivo que pudiera contener el material ilegal fueron revisados y requisados. Para la desdicha de algunos, el contenido XXX fue encontrado en sus aposentos —el lugar donde se creían libres y seguros.

Pero la detención no fue a cualquier delincuente. Más bien a empresarios, padres de familias e incluso adolescentes que recurren a Internet para liberar tensiones —mazo mediante. Su pecado y delito: ver a menores de edad. “Lo sospechosos se reconocen porque pasan largas horas bajando el material. También porque descargan gran cantidad de archivos de tipo pthc, o preteen hardcore”, asegura el comisario Luis Guzmán, jefe del despacho del CICPC contra Delitos Informáticos. “Hay cierto contenido en alerta roja que está fichado por las agencias de seguridad. Una vez que descubren quién está haciendo uso del mismo, comienza la caza”, apunta hacia la diana Antonio Alves. Pero no son pocos, menos en Caracas. “En el 2014 hicimos 50 detenciones; en 2015, cinco y en lo que va de 2016, va una persona. Eso nada más en la capital”, saca cuentas el comisario.

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La acción suena como un gran acto de heroísmo. ¿Quién no va a querer salvar al mundo de la pedofilia? Pero también se camufla como una excelente oportunidad para lucirse a nivel internacional, quizá hasta para limpiar la mancha roja. Lo que nadie explica es que la mayoría de las personas desconoce el funcionamiento de programas “peer to peer (p2p)” y acceden sin saber las condiciones. Los P2P, —“par a par” en español— como Ares, eMule, Edonky, y Utorrent, funcionan a través de usuarios comunes que suben y bajan información en línea. La parte que todos saben: se puede bajar cualquier tipo de contenido. Lo que pocos saben es que al descargar los archivos, automáticamente, están disponibles para cualquiera que tenga Ares. Como dice Antonio Alves: “eres usuario y servidor a la vez”. Es decir, si usted bajó porno, y alguien más se antojó de la misma que usted, quedará ante la policía como la persona que se la “facilitó”. Y es difícil controlar la retroalimentación de contenidos, pues una vez encendida la computadora se activan automáticamente los intercambios.

Los “peer to peer” hacen quedar a quien lo detenta en sus files como “comercializador”. Y esto es realmente peligroso. La Operación sin Fronteras está buscando culpables. No obstante, sin ánimos de ser ingenuos, la mayoría de los usuarios podría bajar archivos con nombres tan poco precisos como “645373898” que, al final, podrían terminar siendo pornografía infantil —la perseguida por la justicia. Los “falsos positivos” como se les nombra, “pueden pasar desapercibidos con nombres que no despierten sospecha. Cuando se trata de una canción no es gran rollo, pero en este caso puede meter a mucha gente en problemas”, admite el experto Alves.

“Esta alianza entre varios países sirve para acabar con los viciosos, potencialmente pedófilos”, dice Guzmán. La misión lleva cocinándose a fuego lento no más de cuatro años. En países como México y Uruguay las redadas han sido un éxito porque han rescatado a niños que eran parte del tráfico de menores. Sin embargo, en Venezuela solo han conseguido amateurs informáticos adictos al material censurado, novatos en peer to peer. Del tema, el comisario admite: “no somos un país comercializador y productor, pero sí consumidor. Por eso no hemos rescatado a víctimas, al menos no en los últimos años”. Sin embargo, la pena para los venezolanos es la más alta de al región.

Quienes son capturados en sus hogares, sin ser traficantes y sin tener antecedentes penales, son igualmente privados de libertad hasta que la investigación termine. Más de 45 días pueden pasar detenidos esperando por la acusación y luego el veredicto, eso en función de que la fiscalía sondee y zanje si hubo o no intencionalidad de la descarga o si fue complicidad entre los usuarios que intercambiaron archivos. “El sistema es muy amplio. Las agencias de inteligencia, nacionales e internacionales, monitorean todos los días. No nos damos abasto para toda la red. Hacemos lo que podemos” se excusa el comisario.

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Quienes comparten archivos, comparten cárcel

Ares crea una batalla entre la ley y los consumidores. A simple vista, todas las personas que descargan el mismo archivo pueden parecer cómplices. Quienes acusan, no lo creen una coincidencia, más bien un acto de “delincuencia organizada”. Aunque la orden es internacional, el castigo depende de la jurisprudencia de cada nación. España, Uruguay y Estados Unidos se encuentran en la lista de países que tienen leyes específicas relacionadas al internet y a la ciberseguridad. En Venezuela, por lo contrario, no existe un reglamento especializado en delitos informáticos. El vacío legal se presta para pasearse o debatirse en tres leyes: Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, o Ley Especial Contra Delitos Informáticos.

En Uruguay, por ejemplo, la pena máxima para quienes estén involucrados en estos delitos no es más que un año. Casos famosos, como el del actor de Glee, Mark Salling, a quien también le encontraron en diciembre imágenes relacionadas a la trata de niños, se solucionaron al pagar una fianza de 20.000 dólares, reportó la prensa. Por otro lado, según la cadena de noticias NBC News, en Nueva York se hizo popular la historia de un hombre que fue detenido por el mismo delito. Durante el juicio, se estipulaba que le dieran 10 años de cárcel por la descarga de contenido infantil prohibido. El juez de la causa, Jack Weinstein, sorprendió a todos al alegar que no le daría más de cinco días. “Todavía no estamos conscientes de si las sanciones por este tipo de faltas están siendo muy severas. Este hombre no es una amenaza para la justicia norteamericana. Que aprenda y se vaya a criar bien a sus hijos”, concluyó en las 98 páginas de contestación.

En cambio, en Venezuela, el debate sigue abierto. Sobre todo en un tema que acaba de empezar. Las autoridades de cada país se las juegan todas para no ser los aguafiestas de la región. “Los delitos informáticos todavía están en evolución constante. Las leyes al respecto apenas comienzan a escribirse. Sin duda es un tema que tiene ciertos agujeros negros”, concluye Alves.

EE