ONG exige a funcionarios del Estado no entorpecer el plebiscito

Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, exigió a los funcionarios del Estado abstenerse de adoptar iniciativas que entorpezcan el normal desarrollo de la consulta popular del 16 de julio.

En un comunicado público, las 14 ONG que integran la alianza enfatizan que los Poderes Públicos están obligados a garantizar los derechos de quienes participen en dicha actividad y a impedir la actuación de grupos violentos.

“La Consulta Soberana es un proceso para que las personas que decidan libremente participar puedan expresar su opinión, afirmativa o negativa, sobre temas de interés público y de carácter político. El discurso político es un tipo de expresión especialmente protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. El acto de Consulta Soberana es un evento que posibilita la participación política libre de la sociedad, y conlleva el ejercicio de los derechos a la reunión o asamblea y expresión”, afirma el documento.

Las organizaciones que integran el Foro por la Vida y otras organizaciones de la sociedad civil ratifican su decisión de “acompañar, documentar y hacer seguimiento” a todas las posibles violaciones a los derechos humanos que ocurran antes, durante y después del 16 de julio.

“Desde el Foro por la Vida instamos a los órganos y organizaciones internacionales de derechos humanos a observar y a realizar su labor de veeduría internacional durante el desarrollo de la consulta nacional”, señala el comunicado.

También rechaza cualquier forma de presión contra las personas para que participen o no en procesos de consulta y elecciones, porque tales presiones son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y la libre participación en asuntos de interés público. “Las amenazas en instituciones públicas de despedir o sancionar a funcionarios por esta razón, constituyen una coerción a la libre voluntad de las personas y deben ser castigadas por los funcionarios responsables”, advierte.

Las ONG exigen a las autoridades encargadas de garantizar el orden público “la no intromisión, sabotaje, agresión o cualquier otro medio de coacción ilegítima” para interrumpir el normal desarrollo de la consulta popular impulsada por la sociedad civil, representantes políticos y la Asamblea Nacional, por lo que demandan la protección, respeto y resguardo de los centros de consulta popular por parte de las fuerzas del orden público, y recuerdan que la omisión de las autoridades también constituye delito.

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