Lula da Silva es condenado a nueva años de prisión

La decisión del juez Sérgio Moro de condenar a nueve años y cinco meses de prisión a Luiz Inácio Lula da Silva cambia el escenario político no solo del ex presidente, sino de todo Brasil.

El panorama brasileño sin Lula da Silva no resulta más alentador para su agrupación, el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que no ha encontrado quién sea capaz de recoger el testigo de Lula.

Los demás candidatos tradicionales están prácticamente fuera de juego en las encuestas y el actual Gobierno, una coalición partidos, tiene una aprobación de 7% en las encuestas.

El principal beneficiado es Jair Bolsonaro, el segundo en las encuestas, un ex militar que ha sido apodado el “Trump brasileño” por sus comentarios machistas, sexistas y autoritarios, algo que ha disparado su popularidad.

En las redes sociales, donde Lula es el tema del día con diferencia, había reacciones tanto aplaudiendo la noticia como lamentándola. En un país que lleva dos años de exasperante crisis política, en el que la ciudadanía muestra cada vez más hartazgo con la clase dirigente, de izquierda a derecha, su mayor superviviente se puede consolar en que su caída al menos ha dividido al país.

Sin embargo, otros en la clase política celebran el no tener que lidiar más con la amenaza de Lula, y analistas buscan adivinar cuál será el futuro del ex obrero metalúrgico.

La posibilidad de que el ex presidente y su sombra desaparezcan del mapa político por primera vez en décadas supondría un cambio sísmico en el panorama, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2018, para las que Lula era el candidato favorito.

“Aliados del presidente de Brasil, Michel Temer, dicen que la condena de Lula favorece a Temer en dos puntos”, dice el analista político brasileño Márcio Olímpio

Partidarios apuntan que Lula todavía puede recurrir a un tribunal superior (Moro es juez de primera instancia). Entonces, o bien podría ganar las elecciones y escudarse en el aforamiento de la Presidencia antes de una nueva sentencia, o ser incluso declarado inocente.

Sus detractores recuerdan que tras ésta aún quedan otras cuatro sentencias esperando ser publicadas y que, para sobrevivir a semejante bola de nieve, le hará falta algo más que capital político.

“Aliados del presidente de Brasil, Michel Temer, dicen que la condena de Lula favorece a Temer en dos puntos: porque saca de las noticias la crisis por la que pasa Brasil y porque vuelve a encender el espíritu que existe en el Congreso de que hay una ofensiva contra la política”, dice el analista político brasileño Márcio Olímpio.

FUTURO DE LULA

Por el momento el futuro inmediato del ex presidente está en manos de tres hombres: los jueces que conforman el Tribunal Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Porto Alegre, encargado de estudiar la sentencia contra Lula da Silva en la segunda instancia.

Sus abogados ya han anunciado que piensan recurrir la decisión de Moro: “Esa sentencia desprecia las pruebas de la inocencia del ex presidente”, protestan en un comunicado de prensa emitido este miércoles.

“Ahora queda predecir el comportamiento del Tribunal que lleva el caso, sabiendo que han recibido 48 sentencias de Moro: de esas han confirmado algo más de la mitad. También se sabe que se tardan unos dos años en pronunciarse, lo que es una noticia para Lula, porque tendría tiempo de llegar a las presidenciales. Pero, por otro lado, son más raudos si las sentencias vienen de Sergio Moro, que históricamente han tardado un año”, afirma Olímpio.

TRAS LA DICTADURA MILITAR

Los escándalos de corrupción han afectado a numerosos políticos brasileños, luego de que, finaliza la dictadura militar, todos los ex presidentes vivos han estado involucrados en temas de corrupción.

Respecto al ex presidente José Sarney (1985-1990), miembro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht revelaron que éste recibió un soborno a cambio de participar en una obra ferroviaria. Igualmente, hay sospechas de que Sarney favoreció a familiares y allegados políticos con cargos públicos otorgados a través de actos secretos, medidas adoptadas sin divulgación.

Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue el primer mandatario latinoamericano procesado por corrupción, en diciembre de 1992, luego que una comisión parlamentaria de investigación lo acusó de haber financiado ilegalmente su campaña y de pagar los gastos de su residencia con el dinero de las empresas fachada de Paulo César Farias, su polémico ex tesorero, entre otros cargos.

El ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), del partido PSDB, fue acusado por Emilio Odebrecht, patriarca de la constructora, de recibir dinero ilícito para su campaña a la Presidencia.

Sobre Dilma Rousseff (2011-2016), Marcelo Odebrecht sostuvo ante las autoridades que dio cerca de 16 millones de dólares a la campaña electoral de la mandataria, mediante el entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega.

El hoy mandatario Michel Temer es investigado por el caso de corrupción Lava Jato, luego de que se filtraran una serie de audios en los que se le escucha dando su aval al pago de sobornos, por los que también podría culminar su mandato de hallarlo culpable el Legislativo.

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