¡Justicia roja! Bocaranda explica por qué el jefe de seguridad de Allup sigue preso

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mayo 26
/ 2016

MADRUGONAZO ROJO:
A las 2:00 de la mañana de ayer la Fiscalía 20° ordenó la privativa de libertad contra Coromoto Rodríguez, tras haber sido absuelto 24 horas antes. Con audiencia lista a las 3:00 a.m para decidir sobre el caso que tiene ya 6 días, una llamada telefónica -que nos aseguran no fue de la Fiscalía General ni de su titular- hizo que la jueza María Magdalena Díaz lo dejara preso en el Sebin. Lo acusarían de homicidio culposo en otro caso distinto al de la audiencia. Es decir un nuevo montaje que según nos cuentan nuestras fuentes judiciales proviene del titular de Interior, Justicia y Paz, el mayor general Gustavo González López quien estaría articulando las falsas acusaciones que desde personajes como Maduro, Diosdado y Jorge Rodríguez se lanzaron contra el jefe de seguridad de la Asamblea Nacional. Lo insólito es que la misma jueza y fiscal encargadas del caso cambian toda su decisión tras la llamada cuando estaban a punto de confirmar lo del día anterior. Nos indican que a los jóvenes, quienes fueron torturados, no les mandaron a hacer exámenes ni se abrió investigación por torturas. Peor aún, no permitieron que los médicos los revisaran. En videos fueron registradas en el Sebin las “acusaciones” contra Coromoto, Henry Ramos, María Corina Machado, Henrique Capriles, David Smolansky y otros dirigentes democráticos por parte de los estudiantes a “quienes les habrían entregado dinero, armas, gasolina y municiones para agredir a las fuerzas policiales el día de la manifestación hacia el CNE”. Por ello podrían acusarlos de terrorismo. Entre los torturados hay un adolescente de 17 años y un indigente, que no sabe leer ni escribir, que vive debajo del puente de la UCV y es cuidador de carros en la célebre calle de los hoteles en Las Acacias…

¿PRUEBAS?

En la primera audiencia, cuando se acordó la libertad del comisario Rodríguez, la Fiscalía demostró que no se presentaron pruebas ni fueron demostradas ni una de las acusaciones que desde el MIJYP se habían hecho. La Fiscal pidió el acta policial y no se la entregaron. Para la detención arbitraria no había orden de ningún tribunal y la boleta que presentaron para acusarlos no tenía firma alguna. Esa madrugada tanto la jueza como la fiscal del caso aseguraron no avalar las arbitrariedades del ministro y por ello se acordó la libertad del escolta que por muchos años ha servido a los presidentes y dirigentes de AD. Siempre fungió de ello y nunca participó en hechos de tortura política. Por todo esto que aquí narramos puedo asegurar que desde el alto gobierno -¿quién o quienes- le jugaron una trastada a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz quien estuvo al tanto de la primera decisión y había quedado complacida de la actuación, apegada a la ley, de sus funcionarias. Una fuente interna me dijo esto: “La jueza se dejó intimidar por el ministro. Si a la Fiscal General la llamaron, cosa que no sé (pero que es fácil imaginarse con este tipo de gobierno que no se cuida ni de las formas) ella no se dejó”. Ahí quedó eso…

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RR