¡Guiso en tiempo récord! Alejandro Istúriz se convirtió en 11 meses en el magnate de Bariven

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enero 21
/ 2016

Las investigaciones e interpelaciones constituyen mecanismos de control de la Asamblea Nacional, según establece el artículo 222 de la Constitución, los cuales se reactivarán en el Parlamento de mayoría opositora, luego de una década de dominio rojo con la función contralora hipotecada. La lista de candidatos a comparecer por presuntos actos de corrupción es larga. El nombre de Alejandro Istúriz, un boliburgués de apenas 31 años que tenía a su cargo las órdenes de compra de Bariven, ya suena en la Comisión de Energía y Petróleo.

Alejandro Istúriz Chiesa, C.I. V-17.100.520, nació el 19 de noviembre de 1984. Estudió en el Colegio Instituto Cumbres de Caracas y comenzó a cotizar en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) el 1ero. de septiembre de 2008, cuando tenía 24 años, egresando del sistema tres años después, específicamente el 5 de mayo de 2011, devengando un salario de 2,824,36 Bs. en la empresa Servicios Humana Tech C.A.

La tarea de la Comisión de Energía y Petróleo es investigar cómo es que ahora posee un pent house en el edificio Loma Serena de La Castellana, Caracas; una finca para jugar polo en Falcón; un apartamento de nueve millones de dólares en el edificio Grovenor House, en Miami; y una mansión en Torino, Italia; así como un avión, un helicóptero y vehículos de lujo, según fuentes de El Cooperante, luego de haber ocupado solo durante 11 meses el cargo de gerente de Procura de Bariven, filial de PDVSA.

Tal vez la clave de su vertiginoso éxito esté en los negocios con la empresa Energreen S.A., con sede en Panamá, a través de la cual compraba vehículos con sobreprecio para la estatal petrolera, incumpliendo además con los procedimientos de importación. La información hace referencia a 381 camionetas que iban para Bariven, procedentes de Miami, Florida, Estados Unidos. El primer lote de 28 vehículos debía llegar al puerto de Guanta, en Anzoátegui, pero finalmente llega a Guaranao, estado Falcón el 31 de enero de 2013. Como no tenían la documentación en regla, tanto las primeras 28camionetas como el resto que completaban las 381, entraron en la categoría de abandono.

La primera irregularidad detectada fue que las camionetas eran año 2012 y en Venezuela las licencias de importación con dólar oficial son solo para vehículos del año o del año siguiente pero jamás del año anterior. Además, camionetas que según el Seniat tiene un precios referencial de 23 mil 20 dólares a 38 mil 905 dólares, dependiendo del modelo, habían sido adquiridas por un precio de 71 mil 200 dólares. La historia se repetía con todos los vehículos, cuyo precio de compra era más del doble del precio oficial.

Estos vehículos nunca fueron nacionalizados debido a que no contaban con la documentación requerida, pero tampoco fueron rematados por el Estado. Al contrario, todo parece indicar que después de dejarlos abandonados misteriosamente desaparecían. Un alto oficial se habría llevado 11 camionetas asegurando que eran para la Presidencia de la República y una funcionaria habría hecho luego lo propio con el resto.

Fue Javier Alvarado, presidente de Bariven en 2012, quien enchufó a Alejandro Istúriz en la filial de Petróleos de Venezuela para convertirlo en tiempo record en el hombre encargado de las órdenes de compra junto con Luis Ghersi, quien estaba a cargo del registro de la empresa, cobrando comisiones de entre 15 y 20 mil dólares por inscribir empresas de maletín en el registro de distribuidores permanentes de PDVSA para asegurarse de que solo cobraran las empresas en las que Istúriz tuviese injerencia, valiéndose de falsas emergencias para atender la misma necesidad dos, tres y hasta cuatro veces, importando la mercancía una sola vez pero cobrando tres o cuatro contratos. Entre sus clientes también estaban Roberto Rincón y Abraham Shiera, detenidos en Estados Unidos por presunto lavado de dinero de PDVSA en Houston.

Y por si fuera poco, en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparece Alejandro Istúriz Chiesa como propietario de 50% de las acciones de la empresa Alcamar Corp, C.A., cuyo domicilio principal registrado es Av. Este con esquina Chimborazo, edificio Atahualpa, piso PB, oficina PB, urbanización La Urdaneta, la cual corresponde con un edificio que era propiedad de una personas de nombre Atahualpa Fernández, destinado a viviendas socialistas, donde además funciona el Grupo Atahualpa, una fábrica de franelas que suministra material de campaña al Gobierno; mientras tanto Istúriz despacha desde una lujosa oficina en la Torre Digitel, en La Castellana.

EC