Gobierno afianza su “intención totalitaria” de desconocer el 6-D

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enero 02
/ 2016

probabilidad de revertirse. Sin embargo, aliados como el PPT las defienden, pues consideran que servirán para “evitar un golpe de Estado”.

Se trata de la instalación del Parlamento Comunal; la designación de 13 magistrados del TSJ en un Hemiciclo con el sol a su espalda; el llamado a la calle el 5 de enero, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional; la promesa de una reforma del gabinete económico y la impugnación de 9 diputados opositores, con la suspensión de los efectos de la elección, totalización, adjudicación y proclamación en Amazonas.

Luis Vicente León, director de Datanálisis, asegura que el gobierno quiere blindarse ante el poder que el pueblo le entregó a la Asamblea, que podría debutar con la pretensión de recortarle el mandato. “Ante la amenaza de que los saquen del poder, crean un Parlamento Comunal y refuerzan el máximo tribunal”, advierte. El politólogo Leandro Area asevera que las decisiones reflejan “la intención totalitaria de desconocer los resultados”.

1. Reforma de gabinete. El 8 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro anunció un cambio de gabinete que no se ha materializado. Luis Vicente León afirma que el cambio de gabinete es una medida para evitar una división interna en el chavismo que podría ocurrir tras la derrota del 6-D. “Dicen que cambiarán, pero las decisiones no suelen estar guiadas por la racionalidad. Lo que interesa, más que solucionar la crisis, es enviar un mensaje al chavismo: lo que importa es la unidad frente a una oposición que se fortalece”.

Nicmer Evans, politólogo de Marea Socialista, señala que un resultado como el del 6-D amerita un cambio urgente de todo el gabinete de ministros, que demuestre al país que hay consciencia de la conmoción.

“Pero Maduro no termina de darse cuenta del error que representa hacer anuncios que no anuncian nada. No hay duda de que habrá un cambio de gabinete, pero no tengo mucha expectativa. Los cambios deben preservar la concepción humanista y no caer en la tentación materialista de la derecha”.

Rafael Uzcátegui, secretario general del PPT, también considera indispensable los cambios: “Hay que cambiar, el gabinete nuevo tiene que parecerse a la situación política que vivimos”.

2. Parlamento Comunal. El 15 de diciembre el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instaló el Parlamento Comunal, algo que tanto Nicmer Evans como Rafael Uzcátegui consideran legal, pues “aparece en la Ley Orgánica de las Comunas y puede convertirse en una figura nacional”. Sin embargo, ambos difieren sobre lo idóneo de la decisión tras una derrota electoral.

Evans cuestiona que se instale justo después de perder el 6-D y no se haya propuesto jamás en los 15 años en que el chavismo controló la Asamblea. “Eso demuestra una vocación hipócrita en la utilización de esta figura”, indica.

Uzcátegui opina que el Parlamento Comunal es legítimo: “No hay que temerle al pueblo, es una demostración de democracia directa. El presidente defiende la Constitución: si la oposición dice que quiere sacarlo, o negocia con el Fondo Monetario Internacional, lo que quiere es tumbarlo. Entonces con el Parlamento Comunal se acude a la fuente de poder de la carta magna que es el pueblo”.

Luis Vicente León coincide en que el presidente se siente amenazado porque piensa que desean sacarlo del poder y por esa razón utiliza el Parlamento Comunal como contrapeso. “Pero no será más que un artificio que no tendrá las competencias de la Asamblea”, manifiesta.

3. Justicia roja. El 23 de diciembre, la Asamblea Nacional saliente designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ. Luis Vicente León cree que esa decisión es la principal del chavismo para intentar aferrarse al poder tras perder el 6-D. “El TSJ tiene competencias que pueden limitar la acción de la nueva Asamblea. El Estado busca protegerse al afianzar a magistrados revolucionarios. El máximo tribunal será una especie de armadura para bloquear el Parlamento. No existen apelaciones a las decisiones del TSJ”, advierte.

Nicmer Evans asegura que la designación de los 13 magistrados fue legal, pero admite problemas en la forma: “Se imponen figuras que son políticas, lo que evidencia que fue una acción desesperada y eso lo nota el pueblo. Los chavistas alineados lo verán bien, pero la mayoría no, porque las acciones desesperadas conducen a la torpeza y generan el efecto boomerang, se revierten”.

Rafael Uzcátegui defiende la renovación del máximo tribunal: “Ellos no pueden promover leyes solo para defenestrar a otros, tendrán que consultar al TSJ. Querían independencia de poderes y ahora la rechazan”.

4. A la calle. Colectivos chavistas invitaron a los seguidores del oficialismo a concentrarse el 5 de enero en el centro de Caracas. Luis Vicente León opina que se intenta demostrar fuerza al perder la mayoría en votos: “El chavismo gruñe y ladra, le recuerda al adversario que tiene calle, armas legales e ilegales, y que está dispuesto a usarlas”.

Rafael Uzcátegui aprueba la decisión: “Los revolucionarios nos apoyamos en el pueblo y si vienen por nosotros, vamos con el pueblo, y vamos con el pueblo armado, que son las Fuerzas Armadas”.

Nicmer Evans lamenta que el gobierno no aprenda a hacer política con “P” mayúscula. “Chávez tenía la capacidad de salir al paso ante situaciones como esta. Cuando sufría una derrota se ajustaba a la Constitución”, recuerda.

5. Impugnaciones. El 28 de diciembre la Sala Electoral del TSJ abrió sorpresivamente sus despacho y ese mismo día recibió solicitudes de dirigentes del oficialismo que pidieron la impugnación de la elección de 10 diputados (9 de la MUD) de seis circuitos del país, del voto lista de Amazonas y la representación indígena en la Región Sur.

La Sala Electoral admitió los siete recursos y en uno de ellos declaró procedente la medida cautelar que pedía la suspensión de los efectos de la elección, totalización, adjudicación y proclamación en Amazonas. Con esa decisión, de momento, la MUD perdió tres diputados (uno lista y uno nominal en Amazonas y el representante indígena) y el PSUV uno lista en la entidad.

Nicmer Evans aclara que aunque toda elección es impugnable, es preocupante el momento: “En el contexto de una derrota, sumado al control del Poder Judicial, se pone en evidencia una política aberrante de imposición de control del poder, que busca evitar la aplicación de mecanismos constitucionales que deberán ser legitimados popularmente”.

El politólogo Leandro Area opina que las impugnaciones evidencian la frustración del gobierno, que no imaginó una derrota que le diera las 2/3 partes de los diputados a la MUD. “En el chavismo hay un torbellino interior; desconocen la realidad. Se inventan lo que sea para frenar a la nueva Asamblea, con las impugnaciones, el Parlamento Comunal y el nombramiento de los magistrados. Es un nuevo capítulo de su intención totalitaria de desconocer los resultados”.

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