Fiscalía brasileña pide prisión preventiva para Lula da Silva

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marzo 10
/ 2016

La fiscalía de Sao paulo pidió el jueves prisión preventiva para el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tras denunciarlo por los presuntos delitos de lavado de dinero y ocultación de bienes.

Además, los fiscales de Sao Paulo dijeron que los cargos contra Lula da Silva y sus familiares siguen a una investigación que ha durado cinco años.

El fiscal del estado Cassio Roberto Conserino dijo que el ex presidente se benefició injustamente de proyectos inmobiliarios financiados por una cooperativa de banqueros de Sao Paulo.

Lula ha negado que haya cometido algún ilícito y rechazó que sea el propietario de un departamento en un condominio de lujo en el balneario paulista de Guarujá, que se menciona en el caso.

Sus abogados pidieron al Supremo Tribunal de Justicia de Brasil que decida si los fiscales estatales invadieron la jurisdicción de otra investigación federal relacionada con los sobornos en la petrolera estatal Petrobras.

Niegan motivación política

La fiscalía de Sao Paulo negó que haya una posible motivación política en la denuncia presentada el miércoles contra Lula da Silva.

“El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial”, afirmó el fiscal José Carlos Blat durante una rueda de prensa en Sao Paulo.

Los tres fiscales que firman la denuncia sospechan que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso departamento de tres plantas en la localidad Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, lo que el ex presidente ha negado en reiteradas ocasiones.

Los fiscales precisaron que la investigación de la Fiscalía de Sao Paulo es independiente de la llevada a cabo por la justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Según explicó el fiscal Cassio Roberto Conserino, la denuncia contra Lula da Silva se enmarca en una investigación iniciada hace “cinco o seis años” para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.

Durante la trasferencia, se empeoraron las condiciones de compra de algunos de los clientes, lo que, de acuerdo con la fiscalía, “acabó con el sueño” de muchos ciudadanos de obtener una casa propia.

“Mientras miles de familias quedaron sin sus apartamentos y se vieron despojadas de realizar el sueño de tener una casa propia, uno de los investigados [Lula] fue contemplado con un triplex”, recalcó Conserino.

La fiscalía de Sao Paulo cree que Lula es el real propietario del departamento en la playa en Guarujá, el cual está registrado en nombre de la constructora OAS, que llegó a realizar reformas en el interior del inmueble, supuestamente al gusto del ex presidente y dirigidas en parte por su esposa.

Por ello y otros indicios, la fiscalía considera que Lula es el verdadero propietario, lo cual supondría que incurrió en un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.

Las denuncias serán analizadas ahora por una jueza de Sao Paulo, quien decidirá si Lula, que gobernó Brasil entre el 2003 y el 2010, se convierte o no en reo de la justicia.

Además de Lula y su mujer, fueron denunciadas otras 15 personas, entre ellas el hijo mayor de ambos, Fabio Luiz Lula da Silva, y el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores Joao Vaccari Neto.

El departamento de Guarujá también es parte de la investigación iniciada por la Fiscalía de Paraná en torno a las corruptelas en Petrobras.

En ese caso, se cree que el inmueble y una casa de campo en el interior de Sao Paulo, de la cual también se sospecha que Lula es propietario, también podrían estar relacionadas con la corrupción en Petrobras y habrían sido usadas por empresas constructoras para disfrazar el pago de coimas por contratos con la petrolera.

Por este segundo caso, Lula fue conducido de forma coercitiva a declarar en una comisaría de Sao Paulo el pasado viernes, lo que generó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del ex jefe de Estado y aumentó la fragmentación política en el país.

El Ministerio Público señaló que cuenta con indicios “bastante significativos” de que el expresidente recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, pero Lula lo niega e insiste en que se trata de una “persecución política”.

 

EC