Estado de excepción, un autogolpe en tiempo real ; Por Gustavo Azócar Alcalá

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mayo 16
/ 2016

Lo advertimos muy claramente el 18 de julio de 2015: “Maduro quiere decretar un estado de excepción”. Ese fue el título de la columna que escribimos aquel día y que fue publicada y difundida en varios portales y medios de comunicación de Venezuela y el mundo.

En aquella columna, escrita hace casi un año, dijimos, entre otras cosas, lo siguiente: “¿Se está preparando el gobierno para decretar un Estado de Excepción? La respuesta es SI. Todos los pasos que viene dando en los últimos meses el régimen “socialista” de Nicolás Maduro apuntan hacia esa dirección”.

En nuestra humilde opinión, desde hace poco más de un año, el gobierno se había estado preparando para adoptar la medida que acaba de ser anunciada por Maduro. Las desacertadas y disparatadas decisiones económicas y políticas adoptadas por la actual administración acrecentaron la crisis humanitaria que vive el país, creando las condiciones para un gran estallido social que superará la capacidad de maniobra del gobierno y de la oposición.

También dijimos en julio de 2015: “el gobierno de Nicolás Maduro tiene a la mano dos opciones muy claras para decretar un Estado de Excepción que lo libre, momentáneamente, de una muerte súbita: la primera, un estado de emergencia económica, que le da hasta 120 días para aguantar el aire y el estado de conmoción interior o exterior, que le da hasta 180 días amarrado a un respirador artificial”.

El Estado de Excepción tiene una sola explicación: el gobierno de Maduro colapsó. Su capacidad financiera se agotó. Su maniobrabilidad política se desvaneció. Su base de sustentación se ha resquebrajado. Nicolás se parece a un gato caminando sobre un techo de cristal roto. Los informes que llegan todos los días al despacho presidencial advierten sobre la inminencia de una explosión social sin precedentes. La ola de saqueos, protestas y manifestaciones frente a establecimientos comerciales, por parte de gente común y corriente buscando comida, ha venido aumentando progresivamente en una clara señal de que la olla de presión está a punto de estallar.
El ex chofer del Metro de Caracas tenía sobre su escritorio la propuesta de un decreto de Estado de excepción a nivel nacional desde hace más de un año. Pero no fue hasta el pasado viernes cuando se decidió adoptar la decisión ratificando el decreto de emergencia económica que promulgó hace poco más de dos meses, y que fue rechazado por la mayoría democrática de la nueva Asamblea Nacional.

Es preciso recordar que el 19 de agosto de 2015, justo un mes después de que publicáramos la columna en la que vaticinamos que Nicolás Maduro se preparaba para decretar un Estado de Excepción, el gobierno nacional emitió el primer decreto en el cual se establecía que 5 municipios del estado Táchira serían sometidos a esa medida. Luego vendrían otros decretos más, con estados de excepción en Zulia, Apure y Amazonas, expandiendo esa medida a una veintena de municipios en 4 estados del país.

Por cierto: el estado de excepción en los municipios fronterizos fue prorrogado por 120 días, hasta mediados del mes de diciembre de 2015, y sus resultados fueron totalmente perniciosos para la frontera. Tales decretos no sirvieron absolutamente para nada: no se redujo el contrabando de gasolina y de alimentos; tampoco se redujeron los altos niveles de inseguridad y delincuencia. Todo lo contrario, se reforzó el clima de impunidad y corrupción existente en esas zonas y aumentaron las ganancias de las bandas organizadas y los organismos de seguridad que se encargaron de poner en marcha los controles impuestos en esas regiones.

En el caso concreto del Táchira, el estado de excepción, al igual que el cierre intempestivo e ilegal de los puentes fronterizos, no redujeron el contrabando de combustible, ni las colas frente a las estaciones de servicio (hoy día se hacen incluso mucho más colas que antes). Tampoco redujo el contrabando de productos regulados hacia Colombia. Por el contrario: todo el comercio ilegal se incrementó. Todo el que habita en la frontera sabe que cada hora que pasa, decenas de camiones cargados de cualquier cantidad de productos salen hacia territorio colombiano luego de “bajarse de la mula” en los puestos controlados por los militares.

En Táchira, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que unen a las poblaciones de San Antonio y Ureña con el territorio colombiano, se encuentran cerrados para el paso vehicular. Lo mismo ocurre con el puente Unión que conecta a Boca de Grita con Puerto Santander. Los militares tienen bloqueados esos tres puentes como una manera de hacerle creer a los gafos que la medida decretada por Maduro ciertamente se está cumpliendo. Pero por el nuevo puente de Tienditas, en el municipio Pedro María Ureña y por la zona de Guarumito, en el municipio Francisco Javier García de Hevia, la cosa es diferente: por allí pasan todos los días, las 24 horas del día, cualquier cantidad de vehículos contrabandeando lo que se les da la gana, previo el pago de altas y generosas sumas de dinero a quienes se encuentran de guardia en la zona.

El estado de excepción decretado en la zona fronteriza fue un gran fiasco. El mismo tuvo motivaciones más políticas que económicas y lo único que hizo fue profundizar la crisis que afecta a las regiones fronterizas. Por tanto, todo hace suponer que con este nuevo decreto de Estado de Excepción en todo el país pasará exactamente lo mismo, pero a escala nacional.

El propio Maduro se encargó de dejar muy en claro, que el propósito de este nuevo decreto es meramente político, cuando señaló que “he decidido aprobar un nuevo decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder necesario para derrotar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente el país y enfrentar las amenazas que hay contra nuestra patria”.

Maduro habla de Golpe de Estado, pero no dice quién o quiénes están detrás de ese golpe. El mandatario habla de “amenazas” pero no especifica ni ofrece detalles ni explica quién está amenazando a quién. Lo único que ha mostrado el gobierno hasta los momentos para tratar de justificar al decreto son unas declaraciones del ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez.

Maduro dijo que “se realizó una reunión de conspiración contra Venezuela en Washington en la que el ex presidente colombiano Álvaro Uribe supuestamente pidió la intervención del país (…) En tal sentido informó que su gobierno adoptará “las medidas necesarias para garantizar la soberanía en cualquier escenario que esta gente pretenda agredirnos sea política, militar, diplomáticamente desde el exterior”.

Para tratar de explicar la razón del decreto de emergencia económica, en el cual se fundamenta el Estado de Excepción, Maduro dijo: “voy a proceder a firmar, un nuevo decreto que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente durante el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país”.

Pero todo el que conoce a Maduro sabe muy bien que esas no son sus reales motivaciones económicas y políticas. Si Maduro quisiera resolver los problemas económicos del país habría tomado medidas mucho más efectivas, como por ejemplo, la reducción del gasto público y la devaluación del bolívar. Y si su interés fuera resolver la crisis política, habría abierto las puertas al referendo revocatorio, que es una válvula de escape para que el país nacional drene la angustia y la desesperación en la que se encuentra sumergido desde hace varios años.

En mi modesta opinión, el Estado de Excepción tiene dos objetivos muy claros. Uno económico: proceder a la toma y posterior confiscación de todas las plantas de Empresas Polar (la principal empresa privada del país). Otro político: impedir la realización del referendo revocatorio durante el año 2016. El objetivo económico, es decir, la estatización de la división de alimentos de Polar, se usará como instrumento de presión y chantaje para someter a todo el empresariado que no quiera alinearse al proyecto socialista y revolucionario gubernamental. El objetivo político buscará someter a las fuerzas democráticas que pugnan por tratar de lograr un cambio de gobierno por la vía constitucional.

El objetivo político utilizará como instrumento al CNE. Las rectoras aprobarán nuevas normas para complicar la realización del referendo y postergarán la inscripción de algunos partidos políticos, algunos de los cuales podrían ser declarados ilegales. El objetivo económico utilizará como instrumento al TSJ. La Sala Constitucional avalará todas las decisiones adoptadas por el gobierno contra empresas privadas como Polar.

Sabiéndose perdido, Maduro ha decidido huir hacia adelante y eso sólo logrará una sola cosa: profundizar la crisis política y económica que sufre el país. Chávez era partidario de lo que él llamó la “unión cívico-militar”. Pero Maduro irá mucho más allá. El decreto de Estado de Excepción dará todo el poder político a los militares. La militarización de todos los espacios civiles se profundizará. La cúpula militar presidida por Padrino López consolidará su poderío en detrimento de los ciudadanos. Que nadie se llame a engaños: el decreto de estado de excepción a nivel nacional es un autogolpe de estado en tiempo real.