Esta es la nueva trastada del TSJ para neutralizar a la AN

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abril 22
/ 2016

El Tribunal Supremo de Justicia TSJ desempolvó una petición que fue presentada el pasado 9 de marzo de 2011 por parte Juan Carlos Caldera, María Corina Machado, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Édgar Zambrano, para ese entonces diputados de la Asamblea Nacional, y admitió la solicitud de medida cautelar contra la Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates.

En dicha sentencia, la Sala Constitucional dando “expresa” respuesta a la solicitud de los accionantes, acordó suspender en forma provisional varias disposiciones del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Ya el actual presidente de la AN, Henry Ramos Allup, había advertido en días pasados que los magistrados “de terror” estaban cocinando algo respecto al reglamento.

La medida cautelar de suspensión es sobre los artículos 25; 57; 64, numerales 5, 6 y 8; 73; y 105, último aparte del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Por otro lado, el TSJ niega la medida cautelar sobre los artículos 1; numerales 3 y 6 del artículo 27; 48 primer aparte; 56 último aparte; y 64, numeral 4, del reglamento impugnado.

El TSJ de forma cautelar, también ordenó a la AN la incorporación -a nivel nacional- de la consulta popular obligatoria en la formación de las leyes.

“La Sala Constitucional, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo nacional, y que el efectivo cumplimiento de toda ley genera un gasto para el Estado, también sentenció que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional -por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República”, se lee en la decisión.

Esto último, parece estar muy relacionado con la revisión que actualmente se hace de la Ley de Bonos de Alimentación y Medicinas para Pensionados y Jubilados.

TC