Hasta 10 años de cárcel podría enfrentar Kate del Castillo por su vínculo con El Chapo

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enero 15
/ 2016

No sólo la producción de una película sobre la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán, era el vínculo que mantenía cerca a la actriz Kate del Castillo con el narco mexicano.

Y es que el diario El Universal informó que, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra investigando una supuesta relación financiera entre ambos, la que aunque no es definitiva, se encuentra a la espera de que se logre acreditar la transferencia de recursos desde el capo a la protagonista de “La Reina del Sur”.

Según señala el mismo medio, las indagatorias apuntan a comprobar acuerdos que incluían inversiones de Guzmán en empresas registradas en el estado de Delaware.

Además, se busca determinar si los vuelos que hizo del Castillo a Sinaloa, para encontrarse con el narco, fueron financiados por el mismo “Chapo” o uno de sus socios.

El 27 de octubre del año pasado, la actriz se reunió con el abogado del jefe del cartel, Andrés Granados -quien gestionó además los mensajes entre ambos- para confirmar los nombres de los productores que acompañarían a del Castillo y Sean Penn para grabar la entrevista que finalmente salió publicada en Rolling Stone y avanzar en la película que buscaban filmar.

Pero también, en ese encuentro, sostuvieron conversaciones de otros negocios. El Universal indica que el capo estaba interesado en invertir en empresas en EEUU.

Estos dos temas son los que lleva adelante el gobierno estadounidense.

Según un reporte de las autoridades, los acuerdos entre Kate del Castillo y Joaquín Guzmán podrían constituir una violación a la Ley de Designación de Traficantes Extranjeros en Estados Unidos, donde se prohíbe a los ciudadanos de ese país realizar negocios con líderes criminales que se encuentren incluidos en los registros de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.

Del Castillo obtuvo la nacionalidad estadounidense cuatro días antes de que viajara a Sinaloa para encontrarse con “El Chapo”.

Según el gobierno, debido a la condición de ciudadano de la actriz, Sean Penn y los dos productores (uno español y uno argentino), podrían ser acusados de violar la ley, por haber supuestamente brindado apoyo al capo al no dar a conocer su paradero.

De comprobarse el hecho, las cuatro personas podrían arriesgar una pena de diez años de prisión y el pago de una multa.

LT