¿Debe EE UU normalizar sus relaciones políticas con Venezuela?

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enero 17
/ 2016

El exembajador estadounidense Roger Noriega considera que su país no debe reomar unas relaciones normales en Venezuela hasta tanto el Gobierno del país bolivariano garantice respeto a la Asamblea Nacional (AN) recién constituida y cese las “hostilidades” hacia Washington.

En un artículo de opinión publicado en The Washington Bee y traducido al castellano por InterAmerican Security Watch, Noriega opina que el “único interés de Maduro ha sido el pintar a Washington como un enemigo peligroso para avivar el apoyo a su régimen con su base radical y en la región”.

Asimismo, sostiene que Maduro ha “impuesto a jueces corruptos en la Suprema Corte (TSJ) que planean minar los poderes de la Asamblea, incluyendo la supervisión de los gastos del gobierno y sus planes para liberar presos políticos”.

“Enviar a un embajador estadounidense a Venezuela, en medio de una crisis constitucional, mandaría una señal a Maduro de que Washington está satisfecho con el status quo (…). Peor aún, enviaría una señal que el gobierno de Obama tiene una posición neutral en relación a los abusos cometidos en contra de la democracia y en el rol del régimen venezolano con el tráfico de drogas”, agrega.

A continuación, el texto completo en castellano, publicado por InterAmerican Security Watch:

¿Debería EE.UU. restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela?

El intento fallido por parte de la administración del presidente Obama de apaciguar al régimen de Cuba con concesiones debe servir de lección para entender que la normalización de relaciones diplomáticas con un régimen hostil y antidemocrático sin condiciones o una estrategia no tiene sentido.

En julio de 2010, Patrick Duddy, el último embajador estadounidense acreditado en Caracas, fue expulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez argumentando sin fundamentos que el embajador estaba planeando un “golpe de estado”.

Después, Chávez rechazó al diplomático de carrera Larry Palmer, quien sería el sustituto de Duddy, antes de que el Senado de los Estados Unidos pudiera evaluar su nominación.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por “normalizar” las relaciones con Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, la única respuesta de Venezuela ha sido insultar, acusar salvajemente y expulsar a diplomáticos estadounidenses—el más reciente en febrero de 2014.

Es natural querer un embajador estadounidense acreditado en Caracas para defender nuestros intereses. Sin embargo, la normalización de relaciones diplomáticas deben ser parte de una estrategia para promover nuestros valores, la democracia, los derechos humanos y la seguridad.

En contraste, el único interés de Maduro ha sido el pintar a Washington como un enemigo peligroso para avivar el apoyo a su régimen con su base radical y en la región.

Las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela le dieron una victoria abrumadora a la oposición democrática y una mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

En un intento por socavar la voluntad del pueblo venezolano, el partido socialista del presidente Maduro ha impuesto a jueces corruptos en la Suprema Corte que planean minar los poderes de la Asamblea, incluyendo la supervisión de los gastos del gobierno y sus planes para liberar presos políticos.

Enviar a un embajador estadounidense a Venezuela, en medio de una crisis constitucional, mandaría una señal a Maduro de que Washington está satisfecho con el status quo.

En cambio, los Estados Unidos debería aglutinar a las democracias en el mundo y pedir el apoyo de la Organización de los Estados Americanos para apoyar la voluntad del pueblo venezolano.

Aunque algunos líderes de la oposición venezolana pudieran acoger una presencia más fuerte de Estados Unidos en Caracas, el Departamento de Estado de Estados Unidos puede desempeñar ese papel multilateralmente por medio de la OEA sin enviar señales mixtas mediante el intercambio de embajadores con el régimen actual.

Antes de normalizar lazos diplomáticos, los Estados Unidos primero debe confirmar que la Asamblea Nacional puede ejercer sus funciones libremente, incluyendo la provisión de amnistía a los presos políticos, el poder sustituir a miembros del poder judicial, a autoridades electorales y el poder supervisar las actividades del ejecutivo.

El gobierno de Obama debe también exigir que la embajada de Estados Unidos en Caracas pueda restaurar sus funciones normales, muchas de las cuales han sido restringidas tanto por Maduro como por Chávez.

Venezuela debe aceptar y acreditar un contingente completo de diplomáticos estadounidenses que tengan acceso sin restricciones a personas de todos los sectores de la sociedad y a funcionarios del gobierno, entre ellos a los de la Asamblea Nacional.

La embajada de Estados Unidos también debe ser capaz de ofrecer el mismo tipo de programas de asistencia y de intercambio técnico ofrecidos regularmente en todo el mundo.

Otra prioridad debe ser que se permita el retorno de personal de la DEA a Venezuela, que fue expulsado sin causa en 2005. El régimen de Maduro también debería poner a disposición de autoridades estadounidenses a aquellos individuos que enfrentan procesos penales en su contra. Autoridades locales también deben cooperar con la justicia estadounidense en juicios en curso.

Hasta que se tomen estas medidas esenciales, el enviar un embajador estadounidense a Caracas no tiene justificación. Peor aún, enviaría una señal que el gobierno de Obama tiene una posición neutral en relación a los abusos cometidos en contra de la democracia y en el rol del régimen venezolano con el tráfico de drogas.

La política exterior de Estados Unidos debe apoyar a aquellos venezolanos que están interesados en una relación de mutuo beneficio con Washington. Los negocios de siempre no pueden continuar con un régimen impopular y hostil.

Relaciones diplomáticas normales que incluyan a un embajador de Estados Unidos acreditado deben reservarse para un gobierno en Venezuela que acoja lazos constructivos, que respete nuestros valores comunes y que proteja la seguridad de nuestros países.

SM