¡Al descubierto! Venezolano implicado en “caso del maletín” aparece en Panamá Papers

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abril 15
/ 2016

Desde el 2008, Franklin Durán generó titulares noticiosos en Miami, Caracas y Buenos Aires, y nunca por buenas razones. Lo habían atrapado en un escándalo político en Argentina que se centraba en una maleta con $800,000 en efectivo, el intento de ocultarlo todo en el sur de la Florida, una chica de Playboy y una alusión tras bambalinas al presidente Hugo Chávez.

Pero en el 2011, mientras servía su condena en una penitenciaría de Texas por ser agente no declarado del gobierno de Venezuela, varios documentos muestran que Durán se convirtió en cliente de Mossack Fonseca.

Y pasarían otros cuatro años antes que la atribulada firma de abogados en el centro del escándalo conocido como los Panama Papers se diera cuenta de que tenía que deshacerse de la controvertida figura.

Tener una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Y según los documentos, y los tribunales venezolanos, la naturaleza internacional del trabajo de Durán quizás ameritaba realizar operaciones en esos paraísos fiscales.

Pero su participación en el escándalo electoral, el hecho que lo condenaran por ello y su firma en documentos firmados en prisión provocan interrogantes sobre con qué nivel de seriedad Mossack Fonseca cumplía las leyes panameñas y sus propias normas. Este caso arroja luz sobre cómo cadenas de compañías de fachada pueden ocultar la identidad del verdadero dueño de tales compañías.

Para encontrar las huellas de Durán en los archivos de Mossack Fonseca hay que escarbar a fondo.

A principios del 2012, Infante & Pérez Almillano, un bufete panameño de abogados que enviaba clientes a Mossack Fonseca, estableció una empresa de fachada en las Islas Vírgenes Británicas llamada REFPROVEN LTD. Los registros muestran que el accionista de esta empresa era REF PRO LTD, una entidad registrada por Mossack Fonseca en el mismo territorio en el 2010. A su vez, el accionista de REF PRO resultó ser Redes Private Foundation, establecida en el 2009 y con sede en Curazao.

Aquí es donde aparece Durán: el 22 de febrero del 2011, muestran registros federales, Durán todavía estaba preso pero firmó un documento que le dio el control de Redes. Con la firma de Durán, su participación en la empresa se extendió a otras compañías. Así las cosas, a partir de ese momento Mossack Fonseca comenzó a hacer negocios con un delincuente convicto que tenía un archivo en el FBI y un rastro de documentos que llegaba a dos continentes.

El jueves nadie contestó varias llamadas a Mossack Fonseca. Las oficinas del bufete fueron registradas esta semana por fiscales panameños especializados en la delincuencia organizada. Pero en un comunicado publicado en su página de internet, el bufete expresó que realiza todas las verificaciones de rigor “al comienzo de un relación potencial, que se mantiene durante la misma” y que rechaza a los clientes “comprometidos… o cuando identificamos otros factores de riesgo”.

Una búsqueda simple en internet habría identificado a Durán por su nombre completo, la sentencia a cuatro años de prisión y su papel en el escándalo argentino conocido como “el maletinazo”. Pero es posible que la red de compañías en paraísos fiscales que Durán controlaba fuese tan poco transparente que ni siquiera Mossack Fonseca haya sabido realmente quién era su cliente.

“Debido a la falta de normativas, hay jurisdicciones y compañías que establecen entidades en paraísos fiscales sin entregar ninguna información que permita identificar a los propietarios”, dijo Shima Baughman, profesora de Derecho en la Universidad de Utah. “No me sorprende para nada que alguien dentro de una prisión federal pueda adquirir una compañía de fachada. … Es más fácil establecer una compañía de fachada que conseguir una tarjeta de miembro en la biblioteca”.

En el 2014, Baughman y sus colegas publicaron un estudio que mostró que Panamá era uno de los peores infractores del mundo en materia de normativas internacionales de transparencia.

LA MALETA

La transición de Durán de empresario a reo comenzó el 7 de agosto del 2007, cuando un jet privado Cessna Citation voló de Caracas a Buenos Aires. En el avión iban ocho personas, entre ellos Guido Alejandro Antonini, quien tenía doble nacionalidad estadounidense y venezolana y quien vivía en el sur de la Florida.

En el avión también viajaba, según una declaración jurada del FBI, una maleta con casi $800,000 en efectivo que había subido un asistente del presidente ejecutivo de PDVSA, el monopolio petrolero estatal venezolano. Según reportes de prensa, el efectivo era supuestamente una contribución ilícita del gobierno de Hugo Chávez a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, su aliada ideológica.

La responsabilidad de Antonini era pasar la maleta por la aduana. Pero cuando no pudo explicar el origen del dinero a las autoridades argentinas (al principio les dijo que la maleta estaba llena de libros y documentos), la incautaron. Y resulta que la agente de la Policía Aeroportuaria que descubrió el dinero atrajo mucha atención. Gracias al escándalo y su presencia en los medios de comunicación María del Luján Telpuk terminó en la portada de Playboy en América Latina.

EL ÁNGULO FLORIDANO

Pocos días después de los hechos, Durán y otros dos hombres supuestamente viajaron de Venezuela al sur de la Florida para presionar a Antonini. Según la declaración del FBI, se instruyó a Antonini a que mintiera sobre el dinero y dijera que era suyo.

Durán, conocido por llevar una identificación de miembro de la Inteligencia Naval de Venezuela, advirtió a Antonini que si no mantenía su versión de la historia, las autoridades venezolanas y argentinas lo encausarían. Otro hombre que participó en la reunión fue más allá y le dijo a Antonini que las vidas de sus hijos peligraban si hablaba, muestran los registros.

“Franklin Durán le dijo [a Antonini] que había personas en Venezuela y Argentina que querían solucionar el desastre creado por Antonini, de manera que la verdad no saliera a relucir”, indica la declaración jurada, que agrega que los hombres estaban preocupados de que la victoria electoral de Fernández estuviera en peligro si llegaba a conocerse el plan.

En el 2009, Durán y otros fueron acusados de operar en Estados Unidos como agentes no registrados de Venezuela. Durán fue sentenciado en el tribunal federal de Miami a cuatro años de prisión y una multa de $175,000, pero fue liberado el 3 de junio del 2011.

Los archivos no dejan claro qué hizo que el bufete Mossack Fonseca echara un segundo vistazo a su cliente tras más de cuatro años de relaciones de negocios y seis años después que el escándalo salió a la luz.

Pero en mayo del año pasado, en respuesta a una solicitud de Mossack Fonseca, Durán envió una carta en que explicaba que el dinero salió de dos fuentes: de su cargo como miembro de la junta directiva de Industrias Veneco, un fabricante de lubricantes a base de petróleo, y de su condición de fundador de Ruibal & Durán, una compañía que tenía los derechos de distribución de Armor Holdings, empresa con sede en Jacksonville, Florida, que fabrica equipamiento para las fuerzas armadas, la policía y firmas de seguridad. Armor fue adquirida por BAE Systems en el 2007.

El 23 de septiembre del 2015, Mossack Fonseca reaccionó. El departamento de cumplimiento de normas del bufete envió un correo electrónico a la firma legal que les refirió a Durán con detalles sobre el escándalo en Argentina, la condena y los cuatro años de prisión.

“A la luz de la información ya mencionada, agradeceríamos que nos enviaran sus comentarios lo antes posible”, decía la carta.

Al día siguiente, el bufete de Infante & Pérez Almillano respondió: “Los autorizamos a renunciar, con efecto inmediato, como agentes de la entidad en cuestión”. La firma entonces identifica a otras tres compañías “relacionadas con el mismo intermediario”.

Durante las dos semanas siguientes, Mossack Fonseca decidió deshacerse de las cuatro empresas: BETOXI, International Olefin and Petrochemical, REF PROVEN y REF PRO. Los documentos no dejan en claro qué relación, si existe, había entre las dos primeras firmas y Durán.

Infante & Pérez Almillano no respondió a una llamada telefónica y un correo electrónico del Miami Herald. Y nadie respondió a llamadas a Veneco y a un teléfono en Venezuela a nombre de Durán.

Durante el juicio en Miami, Durán siempre mantuvo su inocencia, diciendo que su delito fue “no enviar una carta” al secretario de Justicia de Estados Unidos identificándose como agente de un gobierno extranjero. También sugirió que el escándalo de la maleta era parte de un plan más amplio de Estados Unidos para manchar a los gobiernos socialistas de Venezuela y Argentina.

“Yo soy un hombre de principios y convicciones, que quedaron a prueba cuando trataron de obligarme a aceptar un ardid contra las instituciones de Venezuela”, escribió en una carta abierta desde su celda de Texas, cuatro meses antes de convertirse en cliente de Mossack Fonseca. “A pesar del peso de los medios del imperio, y de haber pasado más de nueve meses en aislamiento en prisión, nunca abandoné mis valores”.

ENH